La Procuraduría General de la Nación aseguró que el informe entregado por la Superintendencia de Servicios Públicos sobre Air-e intervenida deja “más dudas que respuestas”.

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El órgano de control, que había convocado unas mesas técnicas, sostuvo que el expediente es “insuficiente” y no deja claridad sobre la actuación administrativa ejercida a la empresa intervenida.

La reunión buscaba atender inquietudes del Ministerio Público sobre los argumentos que tuvo la entidad para intervenir a la empresa prestadora, comercializadora y distribuidora de los servicios de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

“La SuperServicios no fue clara en sus explicaciones ni sustentó con suficiencia los informes financieros solicitados; tampoco entregó datos concretos de las deudas a los acreedores ni del seguimiento que ha hecho a la empresa luego de haber sido intervenida”, señaló la PGN.

En la mesa técnica, en la que también estuvieron representantes de la Contraloría General de la República y de Air-e, la Procuraduría cuestionó que la SuperServicios no tuviera informes consolidados sobre el monto de la deuda actual que tiene la electrificadora con las generadoras energéticas, sobre el patrimonio y activos de la entidad.

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“La SuperServicios y Agente Especial, a la fecha, no tienen planes definitivos para garantizar la continua y eficiente prestación del servicio y tampoco tienen medición de los impactos causados por la decisión”, cuestionó el ente de control.

Asimismo, la Procuraduría señaló que la entidad tampoco presentó un informe de las actuaciones que ha surtido para cumplir con las órdenes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre la información relativa a los análisis detallados que sustentaron la modalidad de toma de posesión de la empresa de energía.

Cuestionó que la Superservicios, después de varios meses de haber asumido el control del funcionamiento de Air-e, “no contemple un plan de solución definitiva dirigido a la reorganización o la liquidación de la empresa, ni propuestas concretas para la continuidad de la prestación del servicio”.

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En sus acciones preventivas, las Procuradurías Delegadas para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios y Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, advierten que la complejidad de esta intervención evidencia una preocupante alteración del equilibrio del sector al afectar la cadena de pagos y la estabilidad financiera de diversos agentes.

Lo anterior, dijo, podría comprometer la continuidad y calidad del servicio para millones de usuarios en todo el país.

El Ministerio Público citó a una nueva mesa técnica para el próximo 28 de mayo y requirió nueva información para el 16 de mayo.